Un sindicalista admitió que robó del Estado y deberá devolver más de 1 millón de dólares para no ir preso
Se trata del secretario general de la seccional Entre Ríos de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende, quien también supo ser diputado provincial. Gracias a su vínculo con los gobernadores, amasó una cuantiosa fortuna.
El secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Entre Ríos, José Ángel Allende, reconoció que robó dinero al Estado y ofreció devolver 1,2 millones de dólares para evitar ir preso. La suerte del exdiputado provincial del PJ quedará definida esta tarde en Paraná, donde el juez Elvio Garzón dará a conocer si acepta el acuerdo de juicio abreviado. En el proceso judicial, Allende admitió que durante los últimos 22 años se quedó con dinero del Estado y ahora quiere evitar terminar tras las rejas, consignó NA.
"¿Usted reconoce ser el autor de esos hechos que se le imputaron?", preguntó el magistrado. "Sí, señor juez", respondió el sindicalista, quien tiene un patrimonio estimado en 4,5 millones de dólares. Según la investigación, Allende logró su fortuna a través de su vínculo con la política y su "estrecha" relación con los diferentes gobernadores entrerrianos.
A raíz de ese delito Allende quedaría inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos y en el marco del acuerdo con la Fiscalía se prevé que devuelva 3 millones de pesos en efectivos y dos inmuebles: una casa ubicada en el Parque Urquiza, con vista al Río Paraná, valuada en 720.922 dólares; y otra de 378.289 dólares.
El acuerdo presentado ante la Fiscalía incluye un beneficio para el gremialista para evitar ir a prisión, porque la pena establecida es de dos años y ocho meses. No sólo Allende sería beneficiado en la causa, sino también quedarían sobreseídos sus hijos, Julio, Victoria y Carolina; su actual esposa, Adriana Satler; y su ex, Diana Traverso. Todos ellos están involucrados en la investigación porque pudieron haber oficiado de testaferros y, salvo Traverso, habían sido ubicados por el sindicalista en distintas reparticiones del Estado.
Además, el dirigente peronista, quien está acusado públicamente por hostigamientos, desde la década del 90 es uno de los dirigentes más relevantes del poder político entrerriano: con su confesión pone en aprietos a los últimos gobernadores de la provincia litoraleña.